Las eléctricas en pie de guerra porque el Gobierno les obliga a controlar los usuarios del bono social

Las grandes compañías eléctricas están molestas con el Gobierno porque les obliga a controlar a los usuarios del bono social. El Ministerio de Energía ha lanzado la aplicación que permite a las eléctricas comprobar que los solicitantes de este bono cumplen con los requisitos para considerarse consumidores vulnerables. Las comercializadoras, según confirman a OKDIARIO fuentes del sector, creen que se trata de una dejación de funciones por parte del Ejecutivo y que tendrá un coste para ellas porque deberán crear nuevos equipos específicos para llevar a cabo las comprobaciones.

Desde el principio, el Real Decreto Ley que establece el mecanismo de financiación del conocido ‘bono social’ no fue del agrado de las compañías eléctricas. La nueva normativa puesta en marcha por Álvaro Nadal obliga a las empresas a rebajar un 25% la factura de los clientes que, según los criterios gubernamentales, presentan “grados de vulnerabilidad” que no pueden hacer frente a los pagos como al resto de usuarios.

Este viernes Energía ha lanzado una plataforma telemática para que las empresas puedan hacer las comprobaciones pertinentes y confirmar que los solicitantes del ‘bono social’ cumplen con todos los requerimientos sin que las compañías accedan a sus datos fiscales.

No obstante, señalan desde Energía, el solicitante podrá seguir acreditando el requisito de renta mediante la presentación a su comercializadora de referencia. Actualmente, la cifra de usuarios considerados vulnerables estaría alrededor de los 2 millones de personas. Otro de los aspectos que no es del agrado de las comercializadoras, según aseguran otras fuentes del sector eléctrico, es tener en sus manos el acceso a las rentas y los datos fiscales de los clientes.

Un paso más en la legislación que ha puesto en pie de guerra a las compañías eléctricas porque, según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, consideran que habría el Gobierno está incurriendo en dejación de funciones y que las competencias no están bien acotadas. Además, consideran que el control continuo de los usuarios del ‘bono social’ será un coste operativo extra para las compañías porque se verán obligadas a crear equipos específicos para llevar a cabo estas labores de comprobación de datos y backup de los datos.

Otras fuentes del sector eléctrico explican a OKDIARIO que las firmas eléctricas valoran positivamente que la aplicación telemática ya esté en marcha, aunque los tiempos y la forma de plantearlos quizás no hayan sido los mejores.

El Real Decreto que regula la aplicación del ‘bono social’ se aprobó el pasado 6 de octubre, solo cuatro días después de que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite los recursos del Gobierno a la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el régimen de financiación del bono social por incumplir una directiva europea y la obligación de que fuera financiado por las grandes compañías eléctricas, han confirmado fuentes oficiales.

El Constitucional ha dictado una providencia de admisión de los dos recursos interpuestos por el Ministerio de Energía liderado por Álvaro Nadal contra la sentencia, que además de invalidar el sistema de financiación imponía que se les restituyera a las grandes eléctricas las cantidades que habían pagado en los ejercicios de 2014, 2015 y 2016.

El Ministerio de Energía recurrió la decisión judicial al considerar que la aplicación de esa normativa le corresponde al Tribunal de Luxemburgo y no al Supremo. El Ejecutivo ya interpuso en noviembre del año pasado un incidente de nulidad ante el propio Tribunal Supremo, que ratificó su decisión de octubre de declarar inaplicable el régimen de financiación del bono social eléctrico, un descuento del 25 % en la factura de la luz que tienen determinados consumidores considerados vulnerables.